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Aprueba comisión reformas que garantizan derechos de acreedores alimentarios

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Aprueba comisión reformas que garantizan derechos de acreedores alimentarios
  • Con esta modificación se establecen obligaciones claras para los deudores alimentarios así también medidas precautorias en materia de violencia familiar

08.05.24. Con el propósito de garantizar los derechos de los acreedores alimentarios, niñas, niños y adolescentes, construir y contribuir a una acción que proteja la situación prevaleciente de las mujeres en la capital del país, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para reformar el Código Civil del Distrito Federal. 

El presidente de la comisión, diputado Jorge Gaviño Ambriz, precisó que las modificaciones van encaminadas al establecimiento de las obligaciones de deudores y acreedores alimentarios, medidas precautorias en la tramitación de los juicios familiares, en materia de violencia familiar, sobre el Registro de Deudores Alimentarios y adopción de lenguaje incluyente, entre otros aspectos. 

Asimismo, apuntó que la iniciativa propuesta por la congresista Ana Francis López Bayghen Patiño comprende la reforma de 51 artículos, entre los que se destaca que la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos sea en un máximo de 30 días; la obligación para señalar en la propuesta de convenio por divorcio unilateral, la fecha de salida del cónyuge en que deberá de desocupar el domicilio, así como seguridad jurídica respecto al uso del domicilio familiar. 

“Establecimiento de medidas suficientes para preservar la integridad y seguridad de víctimas de violencia familiar, la obligación de las personas juzgadoras para que se impongan de la capacidad económica del deudor alimentario, la protección a las mujeres embarazadas como medidas cautelares durante la tramitación de juicios”, agregó el legislador Gaviño Ambriz. 

En cuanto a la sentencia de divorcio, sostuvo que se deberá atender la perspectiva de género e interés superior de la infancia y adolescencia y que la determinación de los alimentos son cuestiones de orden público e interés social. 

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